Caritas Española, que aportó 100.000 euros de su Campaña del Cuerno de África y apoyó programas de ayuda humanitaria, denunció que hasta 7.000.000 de personas se ven amenazados por el hambre en Sudán del Sur. El director de Caritas de Sudán del Sur, Gabriel Yai Avop, precisó que "la situación política en el país es tensa e impredecible".
Caritas España enviará 100.000 euros procedentes de los fondos de su 'Campaña del Cuerno de África' para apoyar el llamamiento urgente para crisis prolongada de Caritas de Sudán del Sur. Las iniciativas planteadas pretenden garantizar durante todo este año a 124.000 beneficiarios directos y otros 50.000 indirectos la distribución de alimentos, materiales de refugio y productos de primera necesidad, y acceso a medios de vida.
El Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz pidió al gobierno de Sudán investigar con urgencia las torturas y maltratos contra 9 cristianos detenidos en Darfur meridional. Para recuperar su libertad, 8 de los 9 fieles debieron renunciar al cristianismo y anunciar que se convirtieron al islam. El pastor que estaba con ellos fue acusado de apostasía, tras negarse a renunciar a su fe, y fue liberado bajo fianza.
Una fuente anónima por razones de seguridad indicó a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que "hay niños que son condicionados a rezar plegarias musulmanas antes de que se le entregue la comida". Otro informante indicó que los templos "están siendo destruidos, pero se dice que es por planificación urbana". "Nunca escuchas que pase lo mismo con las mezquitas", aseguró.
Una de las refugiadas que acampa con sus tres hijos, Rita Williams, aseveró que no tienen nada. "He estado dos semanas aquí desde que los soldados nos sacaran de nuestra casa y la incendiaran. Nuestra ropa está sucia y algunos días todo lo que tenemos para comer o beber es agua. Esperamos, no sé qué, pero tenemos miedo de regresar", lamentó.
El ministro checo de Relaciones Exteriores, Lubomir Zaoralek, afirmó que el cooperante cristiano Petr Jasek, que pasó 14 meses en prisión, se encuentra en su país natal, tras la labor diplomática del gobierno y la presión internacional. La plataforma MasLibres.org y la fundación CitizenGO exigieron a las autoridades de Sudán durante meses que sea liberado, a través de campañas cívicas, con las que lograron más de 345.000 apoyos internacionales, que fueron presentados en la Unión Europea, en presencia de los hijos de Jasek.
Las autoridades de Sudán condenaron a 20 años de cárcel al cooperante cristiano Petr Jasek, de nacionalidad checa, tras acusarlo de "espionaje e incitación al odio" por recaudar dinero para pagar el tratamiento a un niño sudanés herido en unos disturbios. "Condenarlo a 20 años en una prisión sudanesa, a sus 52 años, es casi tanto como sentenciarlo a una muerte lenta", denunció la plataforma Maslibres.org.
El obispo de Tombura-Yambio, Eduardo Barani Kussala, pidió ayuda "para 7 de las 22 parroquias de la diócesis que se han visto afectadas por la violencia que asola la zona". "No se puede saber el número exacto de muertos a través de las organizaciones humanitarias, y nosotros mismos en la diócesis no disponemos de datos fiables, ya que es muy difícil llegar a las zonas afectadas", aseveró.
El cooperante checo Petr Jasek fue condenado a muerte por el gobierno de Sudán, tras acusarlo supuestamente de conspirar contra el Estado. El motivo real de su condena fue profesar la fe cristiana y recolectar testimonios de la persecución que padecen los fieles en ese país. Desde noviembre de 2015, se encuentra encarcelado en terribles condiciones, como la mayoría de los cristianos perseguidos.
Fuentes de la Iglesia local en Juba afirmaron que "en los templos se está tratando de ofrecer ayuda, a pesar de las mil dificultades", e indicaron que los ataques armados fueron "una masacre aunque todavía no se sabe el número de víctimas". Actualmente la cuestión más urgente es humanitaria, debido a la falta el agua potable.
Una joven cristiana fue condenada a 20 latigazos y pagar una multa, al ser detenida hace dos mes, junto a una decena de estudiantes provenientes de las montañas Nuba, una zona de Kordofán del Sur, cuando salían de una iglesia baptista evangélica en la capital de Sudán, Jartum. Todas están acusadas del delito de vestir "indumentaria indecente", dispuesto en el artículo 152 del Código Penal de 1991, que permite a la Policía de Orden Público de Sudán amplias facultades para detener a cualquier persona por llevar esa vestimenta.