Iglesias incendiadas por conflicto mapuche

Otra capilla católica fue incendiada en la madrugada del 12 de abril, en la zona de Antiquina, en la ciudad de Cañete, Región del Biobío. No es el único caso, sino que en los últimos años, radicales mapuches, quemaron 12 templos religiosos de la zona, 10 católicos y dos evangélicos, en zonas donde se desarrolla el denominado 'conflicto mapuche'. El grupo indígena más grande del país austral reivindica la propiedad de tierras en la zona sur de Chile que considera ancestrales y que están en manos de empresas forestales o agrícolas, quienes adquirieron y actualmente las poseen de forma legal en el país trasandino. Debido a este conflicto, hubo varios enfrentamientos entre punteros de la comunidad aborigen, donde murieron violentamente varios comuneros, policías y agricultores.

Además, realizan varios incendios y robos de propiedades, maquinarias, bosques y vehículos en la zona del conflicto, que provocó varias decenas de líderes mapuches detenidos, procesados y condenados, a los que se aplicó la ley antiterrorista. A comienzos de 2016, los atentados aumentaron en Región de La Araucanía y las vecinas regiones de Biobío y Los Ríos. Frente a ello, los empresarios, la oposición política y los gremios de camioneros exigen que se declare "el estado de excepción, lo que supondría la militarización de la zona". Sin embargo, en medio de esta problemática los templos cristianos, mayoritariamente católicos, parecen las consecuencias de este conflicto. Hace más de un mes, el 8 de marzo, un grupo de encapuchados incendió un santuario y una casa de retiros, en la región de La Araucanía, Diócesis de Temuco. Tras el ataque encontraron en el templo una inscripción que recuerda la reivindicación territorial mapuche, con nombres de los líderes mapuches muertos en el conflicto con el Estado del país trasandino. 

El 5 de abril pasado, ocurrió una situación similar en La Araucanía. Desconocidos provocaron un incendio intencional que destruyó una iglesia en Quepe, una zona rural del municipio de Freire, que desde hace 30 años era un punto de referencia para los fieles locales. Fuerzas especiales de la guardia civil y los bomberos controlaron el incendio y aseguraron que en la zona encontraron una tela negra con letras blancas, parcialmente destruida por el fuego, que tenia escritas las letras 'P.P.M.', un acrónimo utilizado para referirse a los "presos políticos mapuche".

Al día siguiente, extremistas mapuches quemaron a las 3.40 de la madrugada una iglesia que funcionaba como sede social y que hasta hace muy poco funcionaba como una capilla, perteneciente al Obispado de Temuco, a cargo del prelado Héctor Eduardo Vargas, ubicada en Curaco, cercana de Collipulli, en la Región de La Araucanía. En el lugar, encontraron "escritos alusivos a la causa mapuche", conviertiéndose de esta forma, en el sexto templo incendiado, pero lamentablemente no el último.

El 12 de abril, quemaron por completo la estructura de otra capilla católica, que dependía de la parroquia 'Nuestra Señora del Carmen', pero en la zona de Antiquina, en la ciudad chilena de Cañete, Región del Biobío, donde al igual que en anteriores ataques incendiarios de lugares de culto encontraron escritos alusivos a la causa mapuche. Frente a ello, el obispo de Temuco, Hector Eduardo Vargas, recordó que "las iglesias quemadas se encuentran ubicadas en las comunidades mapuches, tenemos que pensar que estas iglesias fueron construidas por ellos mismos". Tras los ataques incendiarios contra los templos católicos, la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), mientras se encontraba reunida en la 111 Asamblea Plenaria, manifestó preocupación por el aumento de la violencia tras los ataques incendiarios de extremistas mapuches contra iglesias en la región sureña del país, en un documento titulado 'Una sociedad justa y fraterna, desafío y tarea que a todos nos involucra'.

"Tenemos una especial preocupación por la situación que se vive en la Araucanía. Hacemos presente nuestro dolor por la creciente violencia que ha cobrado la vida de personas mapuche y no mapuche, entre ellos efectivos de Carabineros de Chile. Los atentados incendiarios han perjudicado gravemente a familias y trabajadores; han dañado viviendas, escuelas, transporte, agricultura, medios de producción y también templos. Cuando no se respetan valores tan esenciales para la existencia de un pueblo creyente, como son el derecho a la vida humana, su seguridad y sus espacios sagrados, se hiere el alma misma de este pueblo. Estos hechos, que son rechazados por la inmensa mayoría de la población, corren el riesgo de estigmatizar a todo el pueblo mapuche y desacreditar su sana búsqueda de reconocimiento y reparación", aseveró la Cech.

Asimismo, los prelados de Chile consideraron que es "alarmante e incomprensible la lentitud del Estado, en su deber de buscar soluciones eficaces a esta situación". "Ello pasa por acoger los legítimos anhelos de las comunidades mapuche, que desde hace más de un siglo claman porque se les haga justicia ante conocidas situaciones de violencia, despojo, desconsideración por su identidad, cultura, organización; también ante la invisibilidad y pobreza a la que de hecho fueron confinados. Exhortamos a las autoridades políticas, a líderes sociales mapuche y no mapuche, a todos los constructores de la sociedad, a buscar fórmulas que permitan trabajar juntos por una nueva Araucanía en paz a través de una urgente justicia para todos", sostuvieron. El pronunciamiento de la Cech el 8 de abril, no fue el único publicado por obispos referidos al conflicto mapuche, sino que desde hace varios años atrás los obispos del país trasandino denunciaron la problemática.

El 20 de junio de 2014, el obispo de Temuco, Héctor Vargas, repudió en el diario nacional 'El Mercurio', hechos de violencia rural en La Araucanía a manos de grupos de encapuchados armados. "Los autores levantan la bandera de la causa mapuche porque también es cierto que en otras ocasiones la represión violenta a comunidades ha causado gran sufrimiento, especialmente a niños que han sido testigos de episodios con consecuencias fatales", sostuvo. "Sin embargo, tanto el Intendente de la Araucanía como muchos otros actores de la región, están convencidos de que este tipo de metodología no proviene del pueblo mapuche ni de sus comunidades. Todo lo contrario, daña sus justos anhelos y obstaculiza la búsqueda de una urgente solución a la deuda histórica. Todos, mapuche y huincas, anhelamos la construcción conjunta de un pronto itinerario de respuestas que haga posible una real justicia para vivir en paz", indicó Vargas. Un año antes, frente a ataques incendiarios, Carlos Bresciani, encargado de la Misión Mapuche de la Compañía de Jesús en Chile  sostuvo que "muchas familias mapuches y no mapuches han sufrido la muerte de sus seres queridos en el contexto de este conflicto en los últimos años", y reiteró su "llamado al diálogo y la reparación histórica como único camino que establecerá una paz duradera".

"Pedimos celeridad y claridad en la búsqueda de los responsables de este cruel atentado evitando criminalizar a todo un pueblo. Así también pedimos que el Estado de Chile demuestre el mismo rigor y la misma fuerza en la condena de toda violencia y de todo asesinato en Arauco y en Araucanía. Nosotros hemos expresado en diversas ocasiones nuestra solidaridad con las justas demandas del pueblo mapuche. Nuestros obispos lo han expresado de igual forma en su última carta pastoral. Hemos repetido una y otra vez que mientras no se atiendan las raíces históricas de dicha demanda no encontraremos caminos de justicia que aseguren la paz. Condenamos nuevamente el uso de violencia y el atentado a la vida de las personas. La demanda mapuche no puede ni debe confundirse con violencia contra personas y menos con muerte. La violencia sólo conduce a más violencia. La justicia, el diálogo y el respeto a los derechos humanos de todos es el camino para reconciliar la tierra herida y las relaciones rotas", exhortó.  

Unos meses después, el 22 de octubre de 2013, el Obispado de Villarrica emitió un comunicado por fallo judicial con ocasión de la ocupación ilegal por parte de un sector mapuche del Seminario Mayor 'San Fidel'. "El 1 agosto de 2012 algunos miembros de la comunidad mapuche Lof Rofue hicieron ocupación ilegal de las dependencias del Seminario Mayor 'San Fidel', ubicado en Licanco, comuna de Padre Las Casas. En aquella jornada los comuneros obligaron a seminaristas, formadores y otras personas a abandonar el lugar, vulnerando el domicilio y causando angustia en la comunidad residente", recordó. "En representación de las víctimas de estos acontecimientos, la Diócesis compareció en el proceso simplificado que formuló el Ministerio Público a los cinco comuneros imputados. La sentencia emitida esta mañana por el Juzgado de Garantía de Temuco dictaminó una condena mínima por el delito de violación de domicilio. Con este fallo las víctimas y la Diócesis dan por superado este episodio, enfocando sus esfuerzos en seguir el camino del diálogo. La Iglesia de Villarrica concuerda que la reivindicación de territorios despojados injustamente, es un derecho para el pueblo mapuche y en ese caso, comparte el anhelo que persigue. Sin embargo, lamenta y rechaza categóricamente todo medio empleado para conseguir dichos fines que entrañen violencia y amedrentamiento de personas inocentes e indefensas", publicó el Departamento de Comunicaciones Obispado de Villarrica.

Diversos medios de comunicación y analistas chilenos consideraron que ese fue el inicio de los injustificados ataques incendiarios de templos, realizada por punteros mapuches, aunque se desconoce quiénes los motivaron y aún incitan a cometer estos actos terroristas. El diario La Tercera sostuvo que "tras el desalojo el 2 de marzo pasado del Seminario Mayor San Fidel, comuneros – no el pueblo indígena- declararon que no descansarían hasta eliminar a la Iglesia del territorio mapuche". El obispo de Villarrica, Francisco Stegmeier, indicó que los atentados son protagonizados por "un pequeño grupo violentista que no representa el sentir de los mapuches". "Creo que, al menos lo que han dicho algunos violentistas, es que asocian el tema de la Iglesia con el Estado chileno, y, como se ha escuchado en varias ocasiones, ellos quieren erradicar de La Araucanía la presencia del Estado chileno, de la Iglesia y la influencia de la fe cristiana entre los mapuches", indicó Stegmeier. En la misma línea, el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali,  afirmó que el último ataque en Antiquina "evidentemente es un atentado incomprensible", dado que "ahí vive mucha gente mapuche y nunca ha habido ningún problema".

Frente a la problemática, el Gobierno de Michelle Bachelet consideró que muchos de los atentados que ocurrieron en el sur del país austral fueron perpetrados por delincuentes comunes que supuestamente "se escudan en las reivindicaciones indígenas para consumar actos ilícitos". Sin embargo, pese a la desestimación oficial, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Mahmud Aleuy, manifestó su rechazó por los episodios de violencia en La Araucanía y pidió a la ciudadanía a deslegitimarlos. "La única solución que nosotros consideramos viable es que el conjunto de la sociedad deslegitime estos hechos. Nos parece que la gente que plantea reivindicaciones por esta vía es completamente inadecuada", consideró la autoridad. Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Burgos, aseguró que el Gobierno pondrá urgencia al proyecto que busca modificar la actual Ley 18.314, Ley Antiterrorista, iniciativa ingresada en 2014 al Congreso, después de los ataques incendiarios. "Vamos a considerar estos delitos como de organización terrorista, y eso consiste en que éstos son graves, tomados como ilícitos base que se ejecutan en una asociación criminal terrorista. Se debe evitar lanzar sentencias definitivas, pues hay delitos enmarcados en distintas leyes que se tienen que evaluar caso a caso", afirmó Burgos.

Cabe destacar que este pueblo indígena, pese a tener comuneros extremistas, no manifiesta un desprecio irracional por la Iglesia, sino que por el contrario son ellos mismos los que construyeron algunas iglesias o dan catequesis. El obispo de Temuco, Héctor Vargas, aseguró que "los mapuches, tales como el Grupo de los 'loncos', son los primeros animadores de las comunidades: dirigen el catecismo, son misioneros laicos, tienen incluso seminaristas".  "Ahora la gente tiene miedo. Estos ataques no sólo afectan a la Iglesia, sino a la misma comunidad local. El pueblo mapuche es profundamente religioso y la solución definitiva parte del diálogo", afirmó el prelado de una de las Regiones azotadas por ataques incendiarios perpetrados por extremistas mapuches.