Ataques a la libertad religiosa en España

La libertad religiosa es el derecho que tiene una persona de poseer la fe que desee y por lo tanto sin poder ser restringida; pero es también la facultad de exteriorizar esos sentimientos religiosos, cuando se los tiene, mediante el culto, que cada religión tiene previstos. Es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia", indica el documento. 

Asimismo, este derecho universal está contemplado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, la práctica y la observancia de los ritos. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los terceros", sostiene este artículo Convención Europea de Derechos Humanos. En abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseveró que los "países de particular preocupación" en materia de libertad religiosa son Myanmar, China, Corea del Norte, Eritrea, Uzbekistán, Irán, Turkmenistán, Sudán, Arabia Saudí, y Tayikistán, es decir dos pertenecientes a África y 8 de Asia. 

Sin embargo, esto no implica que en el resto de las naciones se respete este derecho. Un caso particular ocurre en España, donde la última semana de mayo, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) indicó que los ataques a la libertad religiosa se duplicaron en 2015, dado que durante el año pasado se registraron 187 agresiones contra este derecho fundamental del ser humano, frente a las 91 que se perpetraron en 2014; y que las situaciones de intolerancia en las que se margina a la religión de la vida pública (99) aumentaron un 55% con respecto al año anterior. "El aumento de la intolerancia viene provocada, entre otros factores, por el laicismo agresivo que vienen impulsando determinados partidos políticos de la izquierda radical en el país que provoca que se margine a la religión de la vida pública y se ridiculice a los creyentes. La libertad religiosa está amenazada, ya que el miedo a manifestar las propias creencias crece debido a los diferentes tipos de ataques: desde vejaciones a la persona hasta violencia contra el creyente o los lugares de culto", aseveró la presidente de OLRC, María García. 

Algunos ejemplos de los ataques que padecen los cristianos, se evidencian en la verdadera ofensiva contra sus símbolos religiosos o festividades. A comienzos de 2015, tres encapuchados, supuestos islamistas, tiraron un cóctel molotov contra un convento en Jerez de la Frontera, en España. Los sospechados islamistas realizaron hasta seis pintadas en las que puede leerse 'yihadistas' en las calles cercanas a la iglesia de las Tres Caídas, también en el centro de Jerez de la Frontera y cerca de otros templos del Centro. Tiempo después, a mediados de septiembre, una juez citó a declarar como imputados al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Sevilla, Miguel Sevillano, y al secretario de Organización de la CGT en Andalucía, Félix Cervera, por incitar a la violencia contra los católicos, que ocurrieron el 10 de abril de 2014. La Asociación de Abogados Cristianos presentó querella contra ellos por el delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias. En octubre de 2015, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, obligó a los trabajadores del cementerio local, de gestión municipal, a retirar los símbolos cristianos de las instalaciones, a través de un procedimiento de urgencia.

Frente a ello, más de 15.000 personas pidieron a Ribó, a través de la campaña de 'HazteOir.org', que respete a los cristianos, a los difuntos y las creencias de los ciudadanos, de tal modo que retire su plan de eliminar cualquier elemento cristiano del cementerio general de Valencia, y denunciaron que dicha acción pretende despojar a los fieles de su arraigo religioso y espiritual y amputar las raíces históricas del cristianismo en España. Asimismo, en noviembre de 2015, la Policía Nacional desarticuló un grupo anarquista relacionado con la banda terrorista Grupos Anarquistas Coordinados, responsable de colocar bombas en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza, y en la catedral madrileña de La Almudena en 2013. Los agentes arrestaron a 5 personas y pudieron desarticular el colectivo de corte anarquista 'Straight Edge'. Ese mismo mes, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, denunció el intento de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de secularizar la Navidad, y recordó que "la Navidad no deja de ser una fiesta cristiana, guste o no guste, que representa el nacimiento del hijo de Dios, dado que hace bastante tiempo que los responsables culturales y los alcaldes quieren hacer Navidades distintas".

Un mes después, el líder del partido político Vox, Santiago Abascal, lamentó que "en nuestra sociedad exista sólo hostilidad hacia el cristianismo y nuestras tradiciones culturales como son los belenes navideños", al visitar la Asociación de Belenistas de la Comunidad de Madrid. Ya pasada la navidad de 2015, más precisamenmte el 31 de diciembre, el Ayuntamiento de Madrid prohibió a 800 alumnos del colegio Arenales en el distrito de Carabanchel a participar de la cabalgata de Reyes Magos porque dicen que "una discriminación de sexo en alumnos".El colegio Arenales que promueve un "modelo educativo y de trabajo basado en una visión cristiana del hombre y del mundo" no fue invitado, pero se inscribió igual. La Asociación de Padres de Alumnos del colegio sabía que no recibiría ninguna subvención para esta actividad, pero decidieron continuar con los gastos de la construcción de la carroza en la que desfilarían los alumnos. Luego, el Ayuntamiento a cargo de Carmena anunció que podrán formar parte del desfile pero subidos a las carrozas de otros colectivos. 

En el informe del OLRC de 2014, García aseveró que "la libertad religiosa se recoge en la Constitución Española, artículo 16, y en términos generales los españoles podemos ejercerla podemos acudir a nuestros templos, rezar y formar comunidades religiosas, contrariamente a lo que ocurre en muchos países". "Sin embargo, que una parte de la sociedad quiera recluir la religión al ámbito privado o ponga trabas para que las personas que profesan una religión puedan practicarla o expresar sus creencias, hacen que este derecho fundamental se vea, en España y actualmente, limitado. Mientras que en el Viejo Continente se busca acallar a los cristianos, en Asia y África muchas personas mueren por creer en esta religión. Todo ello hace que se pueda hablar de cristianofobia en el mundo actual", aseveró. 

La limitación a este derecho en el país ibérico no se detiene, pese a los informes que denuncian con cifras y hechos los ataques. En febrero de este año, un joven denunció a comparsa de carnaval en España por burlarse de Cristo crucificado. Un fiel de 25 años de la Parroquia San José de Campolongo, levantó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra a la comparsa del carnaval  'Vamos a todo' por burlarse de Cristo crucificado y de la Semana Santa, en su representación en el desfile, lo que sostuvo que implica "una ofensa contra los sentimientos de una confesión religiosa", en referencia a la Iglesia Católica, y por lo tanto un delito contra la libertad religiosa. Un caso que muestra particular intolencia contra los cristianos fue la burla obscena del Padrenuestro por parte del Ayuntamiento de Barcelona, durante una entrega de premios que organizó el 15 de febrero pasado. El líder municipal del Partido Popular (PP), Alberto Fernández Díaz, abandonó el Salón en el que se celebraron los premios por "la falta de respeto que se había cometido, no por un tema de creencia religiosa", según explicó en Twitter. "Ese poema es una ofensa a la población católica. El insulto no puede ser calificado de creatividad. Para ellos la libertad de expresión solo es su 'derecho' de insultar a los católicos", aseveró Fernández. 

Es por ello, la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) denunció a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por omisión del deber de perseguir delitos, y a la poetisa Dolors Miquel por un delito contra los sentimientos religiosos. "El Padrenuestro es la oración principal para católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Hacer escarnio de ella es una grave ofensa para millones de ciudadanos. Pedimos que se garantice que el respeto y la tolerancia hacia los sentimientos religiosos, amparados en la Constitución y el Código Penal", argumentó la presidente de la AEAC. Días después, los representantes de las principales religiones en España, católicos, musulmanes, judíos y evangélicos, denunciaron "las ofensas públicas contra los sentimientos religiosos", en un comunicado conjunto. "Este tipo de ofensas públicas atentan a la convivencia respetuosa y hermanada de los creyentes de toda confesión en el país ibérico. En España, los sentimientos religiosos gozan de protección, a la par que se garantiza la libertad de expresión con el límite constitucional del respeto a los demás derechos y libertades, como es la libertad religiosa", aseveraron el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo; el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary; el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Querub; y el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez. 

Al mes siguiente, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, calificó de "absolutamente disparatada" la Proposición no de Ley conjunta del Partido Socialista Español (PSOE) y Podemos, donde "instan al Gobierno a suspender cualquier disposición de acuerdos internacionales que traslade la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión en el ámbito de los servicios públicos", es decir, retirar servicios religiosos de los hospitales. "En muchos centros hospitalarios hay uno, dos o tres sacerdotes que se desviven y trabajan muchas horas para ayudar a las personas que piden ayuda espiritual", destacó el prelado. A comienzos de mayo, el Ayuntamiento de Lalín, en Galicia, prohibió que los miembros del consistorio manifiesten públicamente su fe, así como la supresión de todos los símbolos religiosos de actos oficiales y espacios de titularidad pública, a través de una moción, aprobada por los partidos Compromiso por Galicia, PSOE, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y A Plataforma Aberta Cidadá (APAC), la semana pasada. Por este motivo, la presidente de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denunció la medida por ser "anticonstitucional, discriminatoria y un atentado contra la libertad religiosa".

El 6 de mayo pasado, en el Vaticano, con motivo de la entrega del Premio Carlomagno a Francisco, la Unión Europea nombra al  excomisionado eslovaco Ján Figel como enviado especial para la promoción de la libertad religiosa, frente a las crecientes restricciones que este derecho padece en el ámbito internacional. Días despúes en Alicente, miles de personas rechazaron la retirada de la la cruz situada en la plaza de la iglesia de San Martín, que fue aprobada por el gobierno de la localidad de Callosa de Segura, conformado por los partidos PSOE, IU y Podemos, en marzo pasado, al decir que supuestamente de esta forma "cumplían la Ley de Memoria Histórica", a pesar de que los monumentos relacionados con la Iglesia Católica quedan fuera de esta ley. "La libertad religiosa y de conciencia es uno de los pilares de las sociedades democráticas reconocidas expresamente en la legislación nacional e internacional. La presencia de la Cruz en este espacio común no atenta contra nadie, ya que a nada obliga, sino que hace presente a Cristo crucificado como signo que une a las personas, promueve los principios de igualdad, libertad y tolerancia, porque para Cristo todos los hombres somos hermanos y, por tanto, iguales", afirmó la Plataforma Ciudadana en Defensa de la cruz. 

Frente a ello, el ORLC puntualizó en la presentación del informe que "en no pocos municipios se ha desatado una obsesiva batalla por desterrar los símbolos religiosos". "Los representantes políticos, elegidos por los ciudadanos, deben tener en cuenta que las creencias forman parte de la identidad de las sociedades. Las manifestaciones públicas de los creyentes son elementos constitutivos del pueblo y deben respetarse independientemente de la ideología del partido gobernante", aseveró la entidad, quien indicó que es muy preocupante la situación dado que sólo "las agresiones contra lugares de culto aumentaron un 350 %, mientras que la violencia física se multiplicó por tres respecto al año anterior".