Abogados cristianos de España se querella contra la ministra de Educación por atentar contra los derechos de los padres

La Asociación Española de Abogados Cristianos, presidida por Polonia Castellanos, interpuso una querella en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, por un presunto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales. Castellanos calificó de "inadmisible" que la ministra asegure que "los hijos no pertenecen a los padres o que intente prohibir el 'Pin Parental' -permiso de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias-, algo que debería ser un derecho de todos los padres".

Fuente: InfoCatólica.

LA FUNCIONARIA SE OPONE AL LLAMADO 'PIN PARENTAL'.

Ricardo Rubio/EP.

La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC), presidida por Polonia Castellanos, interpuso una querella en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, por un presunto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales. El martes 18, el Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las resoluciones de la Consejería de Educación y Cultura de la región sobre el llamado 'Pin Parental'.

La AEAC indicó que la postura de Celaá, que es portavoz del Gobierno, respecto al llamado 'Pin Parental' -permiso de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias- viola el artículo 27.3 de la Constitución que establece que "los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones"; el artículo 16.1 de la carta magna que establece "el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto"; y el artículo 39.3 que establece "el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos", indicó 'InfoCatólica'. 

Aseveraron con su posición contraria la funcionaria actúa en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que "el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas". Castellanos calificó de "inadmisible" que la ministra asegure que "los hijos no pertenecen a los padres o que intente prohibir el 'Pin Parental', algo que debería ser un derecho de todos los padres".