Procurador General de Colombia: «El aborto ha profundizado la desigualdad entre las mujeres»
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseveró que "hay una pequeña élite de hombres, pero también de mujeres, que ven como benéfica la legalización del aborto ya que pueden darle una mayor legitimidad social a sus estilos de vida". "Estamos en una sociedad enferma donde sus autoridades ejercen violencia institucional contra la vida, la familia y la juventud", aseveró.
Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: ACI Prensa.
HACE 10 AÑOS FUE DESPENALIZADO EN TRES CAUSALES.
El Procurador General de la Nación de Colombia, Alejandro Ordóñez, denunció que "ese falso 'derecho' ha profundizado la desigualdad entre las mujeres", a diez años de que el asesinato de bebés en el vientre materno fuera despenalizado en el país por la Corte Constitucional, en casos de violación, riesgo de vida de la madre y malformaciones del niño, tras la presión ejercida por organismos no gubernamentales feministas a favor del aborto como Women's Link Worlwide.
"Hay una pequeña élite de hombres, en mayor medida, pero también de mujeres, que ven como benéfica la legalización del aborto ya que pueden darle una mayor legitimidad social a sus estilos de vida. El aborto se ha convertido en una especie de 'seguro' a la fallas de los métodos de anticoncepción, un método de planificación de última instancia que les permite tener más control sobre la realización de sus deseos, que ahora nuestro juez Constitucional los considera como fuente de derechos", sostuvo Ordóñez, quien es defensor en el ámbito jurídico del derecho a la vida y la familia en Colombia.
Asimismo, aseguró que las mujeres son "más vulnerables a la presión social de quienes se podrían verse incomodados por el nacimiento de un nuevo hijo", entre los que se encuentran "desde abusadores sexuales, hasta familiares como el papá, abuelos y otros como clínicas abortistas o funcionarios públicos que piensan que es necesario hacer una especie de 'limpieza social’' de futuros delincuentes antes de que nazcan”. El procurador aseveró "un Estado y una sociedad que atenta contra la familia y contra la vida, que le niega a los padres el derecho a escoger la educación de sus hijos, no es una sociedad en paz, sino una sociedad enferma donde sus autoridades instituidas para promover y proteger el bien común ejercen violencia institucional contra la vida, la familia y la juventud".