Secretaría de Estado del Vaticano «congela» auditoría encargada a PricewaterhouseCoopers
La Secretaría para la Economía, a cargo del cardenal George Pell, había encargado a una de las mayores sociedades de revisión de balances y asesoría fiscal, la revisión externa de las cuentas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero fue suspendida por falta de las consultas en el contrato exigidas por los estatutos aprobados por Francisco.
Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: Vatican Insider.
POR ANOMALÍAS EN EL CONTRATO.
La Secretaría de Estado con la firma del cardenal Pietro Parolin, y del Sustituto Angelo Becciu, informó a través de dos cartas que el trabajo de auditoría encargada a PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las mayores sociedades de revisión de balances y asesoría fiscal, quien debía haber comenzado una revisión externa de las cuentas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, por supuestas anomalías en los procedimientos con los que fue estipulado el contrato, de alrededor de 3.000.000 de dólares por 3 años, que fue estipulado y firmado por el mismo Pell.
Según fuentes vaticanas, el problema de la revisión designada por la Secretaría para la Economía, a cargo del cardenal George Pell, el 5 de diciembre pasado, no está relacionado con el trabajo de la PwC, dado que la sociedad no se comportó incorrectamente y no se trata ni de una responsabilidad de la PwC, Sostuvieron que lo que habría motivado la suspensión fueron posibles anomalías en los procedimientos con los que se llegó a la firma del contrato y la falta de las consultas exigidas por los estatutos aprobados por Francisco.
"Cuando lo considere necesario, y después de haber consultado, cuando sea oportuno, a la Secretaría para la Economía, el Consejo para la Economía ordena la revisión por parte de profesionales externos sobre específicos entes, administraciones, actividades o programas", indicaron los estatutos. Según algunas fuentes, muchos miembros del Consejo no habrían sido informados de las funciones de la PwC y no habrían conocido el contenido del contrato. Ésta anomalía en el procedimiento habría podido poner en duda la validez del contrato mismo, pues violaba los estatutos establecidos por el Papa.