El Arzobispado de Buenos Aires y la Procuración de la Nación firman un acuerdo sobre acceso a la Justicia
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, destacó que "el diálogo entre el Ministerio Público y la Iglesia es fundamental para llegar a los barrios". El convenio se suma a convenios suscriptos recientemente con el obispado de Quilmes y con el presbítero 'Pepe' Di Paola, que permitirán extender la tarea de la dirección de Acceso a la Justicia a partidos bonaerenses.
Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: AICA.
"LA ASISTENCIA SERÁ AHORA MÁS EFECTIVA GRACIAS A LA IGLESIA".
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el obispo auxiliar y vicario general del Arzobispado de Buenos Aires, Joaquín Sucunza, firmaron un convenio de colaboración mutua en temas de acceso a la Justicia, para afianzar el trabajo conjunto que llevan adelante las agencias 'Atajo' y las parroquias de zonas porteñas vulnerables, durante una acto en la capilla Virgen de los Milagros de Caacupé, de la villa 21-24. "El diálogo entre el Ministerio Público y la Iglesia es fundamental para llegar a los barrios. Estamos para acercarle el Estado a los más vulnerables. Nuestro granito de arena será ahora más efectivo gracias a la Iglesia", destacó Gils Carbó. Por su parte, Sucunza recordó que "la misericordia y la justicia no son oponentes, sino complementarios" y destacó que el acuerdo se firmó porque "consolida la familia", puesto que "ser hermanos es escribir la Justicia con mayúsculas". El acuerdo se suma a los convenios suscriptos recientemente con el obispado de Quilmes y con el presbítero José María 'Pepe' Di Paola, que permitirán extender la tarea de la dirección de Acceso a la Justicia a los partidos bonaerenses de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y San Martín.
En virtud del convenio, las parroquias y las agencias 'Atajo' fortalecerán el trabajo conjunto que realizan en las villas y barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, que implican desde la asistencia mutua y colaboración en atención jurídica, derivación, contención, facilitación judicial y enlace de personas en condición de vulnerabilidad que sean víctimas de conflictos comunitarios y que presentan obstáculos para el acceso efectivo a la Justicia.