Tribunal Constitucional de España contabiliza al no nacido como uno más de la familia

El Tribunal Constitucional español, cuyo ponente fue el magistrado Pedro González-Trevijano, dio respaldo a la Ley valenciana de Protección de la Maternidad, impulsada por una iniciativa legislativa popular ideada por el Foro Español de la Familia y Red Madre. 

Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: Actuall.

EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA OBTENER BENEFICIOS SOCIALES.

El Tribunal Constitucional (TC) de España, cuyo ponente fue el magistrado Pedro González-Trevijano, dio respaldo a la Ley valenciana de Protección de la Maternidad, que avala que los bebés en gestación cuenten como uno más de la familia en los procedimientos administrativos para obtener beneficios sociales, en el país. El planteo arribó al alto Tribunal tras una pregunta elevada desde el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que dudó de la constitucionalidad de este precepto. 

"En los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o sus hermanos, en el caso de que se trate de gestación múltiple", sostiene la Ley valenciana de 2009. Frente a ello, el Tribunal indicó que la ley nacional de Educación "no prevé esa regla entre aquellas que hay que tener en cuenta prioritariamente en el proceso de admisión de los alumnos". 

La Ley valenciana de protección de la maternidad, aprobada bajo el mandato de Francisco Camps del Partido Popular (PP), fue impulsada por una iniciativa legislativa popular ideada por el Foro Español de la Familia y Red Madre. La norma indicó que la Administración debe contar con el bebé en gestación como si ya hubiera nacido, a los efectos de calcular la puntuación total de un candidato a una plaza escolar concertada, según los criterios que son comunes para todo el Estado. Esta sentencia resulta coherente con la que dictó el Constitucional en 1985 sobre la vida del nasciturus como un bien jurídico a proteger.