Conferencia Episcopal Argentina: «El Gobierno obliga a impulsar el aborto en vez de salvar la vida de la madre y su hijo»

Los obispos argentinos aseveraron que "la mira del protocolo parece estar puesto en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo".

Autor: Jennifer Almendras. / Fuente: AICA.

TRAS PROTOCOLO QUE OBLIGA A REALIZAR ABORTOS.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) denunció que el Gobierno "obliga a impulsar el aborto en vez de salvar la vida de la madre y su hijo", tras la promulgación de un protocolo por parte del Ministerio de Salud de la Nación que obliga a realizar abortos en instituciones sanitarias públicas y privadas del país. 

"La disposición ministerial sustituye el concepto de abortos no punibles por derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), lo que sirve para evadir la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un aborto legal ni un derecho al aborto. No hace referencia a que ese peligro varía en gravedad si puede o no ser evitado por otros medios y amplía, además, las posibilidades de afectación a la salud incluyendo el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima", aseveraron los prelados. 

La CEA consideró que "la mira del protocolo parece estar puesto en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo". "Es muy llamativo que se limite un derecho humano fundamental: la objeción de conciencia, siendo que la Ley 25.673, creadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable la admite expresamente en su artículo 10. El protocolo niega la objeción de conciencia individual, y en la práctica obliga a los médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar dicha vida. Asimismo, al presentarse como obligatorio para todo el país, el protocolo se superpone y conculca las autonomías provinciales en materia de salud", alertó.